Bibliotecología comunitaria y sistemas de conocimiento indígenas

Este post forma parte de una serie que recupera la bibliotecología comunitaria de sus distorsiones institucionales, devolviéndola a sus raíces en la lucha, la ayuda mutua y la supervivencia colectiva. Considera las bibliotecas no como servicios neutrales, sino como infraestructuras en disputa, atravesadas por relaciones de poder, resistencia y memoria, y explora la bibliotecología como un trabajo de solidaridad anclado en comunidades reales, conflictos reales y la tensión constante entre el control institucional y la autonomía colectiva. Todas las entradas de esta serie pueden consultarse en el índice de esta sección.

La cuestión de la autoridad

Las bibliotecas participan en la producción, organización, preservación y circulación del conocimiento y la memoria. Sus decisiones determinan qué materiales se incorporan a las colecciones, cómo se describen e interpretan, quién puede acceder a ellos y en qué condiciones pueden reproducirse o compartirse. La bibliotecología comunitaria ha cuestionado que estas decisiones se concentren en manos de las instituciones y sus profesionales, y ha promovido formas de gestión y rendición de cuentas que reconocen a las comunidades como productoras y custodias de sus propios conocimientos.

La cuestión adquiere una complejidad particular cuando se trata de sistemas de conocimiento indígenas. Los pueblos indígenas tienen historias, instituciones políticas, epistemologías, relaciones con el territorio y prácticas de producción y transmisión del conocimiento muy diversas. Su autoridad puede derivar de derechos colectivos, responsabilidades establecidas y formas de gobierno que preceden a las bibliotecas y los archivos que buscan relacionarse con ellos, y que existen independientemente de esas instituciones.

Esto lleva a preguntarse cuáles son los límites de los enfoques profesionales de la bibliotecología comunitaria, especialmente cuando las instituciones intentan documentar, preservar o difundir conocimientos sujetos a relaciones y obligaciones que no comprenden ni controlan por completo.

La autoridad antes que la participación

La participación comunitaria y la libre determinación de los pueblos indígenas están relacionadas, pero responden a circunstancias históricas y políticas diferentes. Una biblioteca comunitaria puede redistribuir la autoridad institucional mediante formas de gestión colectiva, decisiones participativas o mandatos comunitarios. Los pueblos indígenas, por su parte, pueden contar con instituciones, ordenamientos jurídicos y procedimientos propios que regulan sus conocimientos, expresiones culturales y relaciones con el territorio. Su autoridad no puede reducirse al grado de participación que les ofrece una institución externa.

El artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Aunque la aplicación de estos derechos varía considerablemente entre países y jurisdicciones, la declaración establece un principio importante: los pueblos indígenas son titulares de derechos y su autoridad no puede entenderse únicamente en términos de inclusión institucional.

Esta distinción obliga a prestar atención a cada contexto. Los pueblos indígenas no constituyen una categoría cultural o política homogénea. Sus historias, formas de gobierno, epistemologías y prácticas documentales son diferentes, como también lo son las relaciones entre la autoridad colectiva y las responsabilidades individuales. El conocimiento puede transmitirse a través de determinadas personas, familias, instituciones o relaciones, y poseer un conocimiento no significa necesariamente tener autoridad ilimitada para divulgarlo.

La autoridad colectiva tampoco elimina automáticamente los desacuerdos. Las distintas generaciones, las personas que poseen o transmiten conocimientos, las autoridades políticas y las organizaciones comunitarias pueden mantener posiciones contrapuestas sobre la documentación, el acceso o la transmisión cultural. Reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas exige tomar en serio tanto los acuerdos como los desacuerdos, sin suponer que consultar con un representante basta para resolver todas las cuestiones.

Como sostiene Linda Tuhiwai Smith en Decolonizing Methodologies (1999), la investigación que involucra a pueblos indígenas debe comprenderse teniendo en cuenta la historia del poder colonial y las formas en que sus conocimientos han sido recopilados, interpretados y apropiados. Para las bibliotecas y los archivos, esto plantea preguntas que no pueden resolverse únicamente mediante consultas: ¿quién define los objetivos de la documentación, quién establece sus condiciones y quién conserva la autoridad sobre los usos posteriores de los materiales?

Las responsabilidades y los límites de la preservación

La preservación ocupa un lugar privilegiado en la bibliotecología. La supervivencia de documentos, grabaciones, lenguas y expresiones culturales suele considerarse un logro profesional, especialmente allí donde la violencia histórica, los desplazamientos y el abandono institucional han amenazado su continuidad. Los propios pueblos indígenas han desarrollado numerosas iniciativas de preservación, combinando a menudo sus prácticas de transmisión con tecnologías documentales contemporáneas.

Sin embargo, preservar un conocimiento también puede transformar las relaciones que le dan significado.

Un relato oral grabado y depositado en un archivo puede quedar al alcance de personas ajenas a las circunstancias que regulan su transmisión. La información relacionada con determinados lugares, prácticas o responsabilidades puede empezar a circular independientemente de esas relaciones. La digitalización puede multiplicar estas transformaciones, al permitir que los materiales atraviesen fronteras institucionales, lingüísticas y políticas en condiciones que sus custodios originales no necesariamente pudieron prever.

Las relaciones con el territorio añaden otras consideraciones. Los conocimientos sobre determinados paisajes, especies, recursos o prácticas pueden depender de relaciones que se mantienen mediante la residencia, los desplazamientos, la observación, el trabajo y la experiencia acumulada a lo largo de generaciones. Documentar esos conocimientos puede favorecer su continuidad, la investigación y la transmisión cultural, pero el registro resultante no siempre permite mantener las condiciones en las que esos conocimientos se producen y renuevan. Un archivo puede conservar descripciones de prácticas cuya continuidad también depende del acceso a la tierra, de las relaciones ecológicas y del ejercicio de derechos colectivos.

En Does Information Really Want to Be Free? (2012), Kimberly Christen cuestiona la idea de que la circulación sin restricciones sea siempre un objetivo adecuado. Su análisis muestra cómo las concepciones dominantes sobre la libertad de información pueden entrar en conflicto con las normas que regulan determinados sistemas de conocimiento indígenas.

Las consecuencias van más allá de las restricciones de acceso. El consentimiento para documentar no resuelve automáticamente las cuestiones relacionadas con la propiedad, la interpretación, la reproducción o los usos futuros de los materiales. Una institución tampoco puede dar por sentado que una única autorización resuelva los desacuerdos entre distintas personas que poseen conocimientos, generaciones o autoridades. Estas tensiones pueden permanecer sin resolver, y no siempre corresponde a los procedimientos profesionales el darles una solución.

Además, la preservación conlleva responsabilidades que se prolongan en el tiempo. Las colecciones sobreviven a acuerdos individuales, miembros del personal, sistemas tecnológicos y circunstancias políticas. Los materiales depositados inicialmente bajo condiciones restrictivas pueden digitalizarse más adelante, trasladarse a otras instituciones, incorporarse a bases de datos o ponerse a disposición del público mediante acuerdos de colaboración institucional. Las decisiones tomadas en un momento histórico pueden tener consecuencias para personas que nunca participaron en ellas.

Por eso, hacen falta mecanismos que permitan revisar permisos, corregir descripciones, reconsiderar las condiciones de acceso y responder a solicitudes de restricción o devolución. Las instituciones también deben reconocer los límites de su capacidad para controlar los materiales una vez que han sido reproducidos o distribuidos. La titularidad legal, la custodia física, el acceso técnico y la autoridad cultural legítima pueden corresponder a personas o entidades diferentes, lo que genera obligaciones que no siempre pueden conciliarse mediante un acuerdo archivístico convencional.

Preservar un conocimiento también exige examinar la legitimidad de la propia intervención. Una biblioteca puede disponer de la capacidad técnica para registrar una práctica, conservar un testimonio o digitalizar una colección sin tener por ello autoridad suficiente para decidir cómo debe manejarse ese conocimiento.

Infraestructuras del conocimiento indígena

Los propios pueblos indígenas y sus colaboradores ya están abordando estas cuestiones mediante diversas iniciativas.

El Archivo Mukurtu Wumpurrarni-kari, desarrollado en colaboración con el pueblo Warumungu de Australia, ofrece un excelente ejemplo. El proyecto surgió de la necesidad de gestionar materiales culturales de acuerdo con protocolos definidos por la propia comunidad, incluidos permisos diferenciados para regular el acceso y la circulación. Estos requisitos orientaron el diseño de la infraestructura digital, en lugar de incorporarse como excepciones a un repositorio que, por defecto, permitiría el acceso sin restricciones.

Los Protocols for Native American Archival Materials, elaborados en 2006 y respaldados por la Soceity of American Archivists en 2018, también cuestionan los supuestos habituales sobre la custodia institucional, la autoridad profesional y el tratamiento de documentos culturalmente sensibles. El largo debate que precedió a su aprobación muestra lo difícil que puede resultar para las instituciones establecidas reconsiderar principios que históricamente han considerado fundamentales.

Estas iniciativas muestran que las infraestructuras documentales pueden adaptarse a diferentes relaciones entre conocimiento, autoridad y acceso. También ponen de relieve la importancia de reconocer a los pueblos indígenas como creadores de prácticas archivísticas, tecnologías y estructuras institucionales, en lugar de tratarlos principalmente como comunidades que necesitan asistencia profesional.

No existe un modelo único capaz de resolver la diversidad de situaciones. Los distintos pueblos indígenas adoptan enfoques diferentes respecto de la preservación, el acceso público, la transmisión cultural y la cooperación institucional. Las bibliotecas, por su parte, deben cumplir obligaciones legales, trabajar con recursos limitados y responder ante distintas personas cuyos intereses pueden entrar en conflicto. Reconocer la autoridad indígena no elimina estas limitaciones, pero sí cambia la manera en que las instituciones deben comprenderlas y negociarlas.

El desafío consiste en desarrollar prácticas que respeten las formas de gobierno del conocimiento que las bibliotecas no han creado ni necesariamente controlan, sin dejar de responder por las consecuencias de sus propias acciones.

Más allá de la institución documental

La relación entre los sistemas de conocimiento indígenas y las instituciones documentales plantea preguntas que van mucho más allá de la bibliotecología.

Comprender cómo se mantiene y transforma el conocimiento exige estudiar las tradiciones intelectuales, las instituciones políticas, las lenguas, los territorios y las prácticas mediante las cuales los distintos pueblos indígenas organizan sus relaciones con el mundo. También requiere investigar los efectos de la intervención colonial, el desplazamiento histórico de materiales documentales y las luchas contemporáneas por los derechos culturales, la representación y el control.

Las bibliotecas y los archivos pueden aportar recursos, conocimientos técnicos especializados, continuidad institucional y oportunidades de colaboración. Sin embargo, su contribución debe comprenderse dentro de un panorama mucho más amplio de producción y transmisión del conocimiento.

La tarea central consiste en reconocer la diversidad de las formas indígenas de entender la memoria, el conocimiento y la preservación, y comprender cómo funcionan sus autoridades, responsabilidades y prácticas desde sus propias perspectivas.