Los bibliotecarios como co-conspiradores

Este post forma parte de una serie que recupera la bibliotecología comunitaria de sus distorsiones institucionales, devolviéndola a sus raíces en la lucha, la ayuda mutua y la supervivencia colectiva. Considera las bibliotecas no como servicios neutrales, sino como infraestructuras en disputa, atravesadas por relaciones de poder, resistencia y memoria, y explora la bibliotecología como un trabajo de solidaridad anclado en comunidades reales, conflictos reales y la tensión constante entre el control institucional y la autonomía colectiva. Todas las entradas de esta serie pueden consultarse en el índice de esta sección.

Más allá del apoyo

La bibliotecología comunitaria ha desarrollado un amplio vocabulario para describir las relaciones positivas entre las bibliotecas y las personas que las rodean. Las bibliotecas apoyan a las comunidades, responden a sus necesidades, defienden el acceso, establecen alianzas, facilitan la participación y proporcionan recursos. Estas actividades pueden ser útiles y, en algunas circunstancias, esenciales. Sin embargo, ninguna de ellas implica necesariamente solidaridad.

El apoyo puede permanecer al margen de la situación que aborda. Una biblioteca puede proporcionar espacio de reunión a inquilinos que se enfrentan a un desalojo, ayudar a migrantes a localizar información jurídica, preservar registros que documentan daños ambientales o asistir a trabajadores que investigan sus derechos laborales, manteniendo al mismo tiempo una clara separación entre la institución y las consecuencias de esas luchas. La biblioteca ayuda, pero lo que ocurre después sigue siendo problema de otros.

La solidaridad introduce una relación diferente. Implica permitir que las condiciones a las que se enfrenta una comunidad influyan en las decisiones que toma el bibliotecario y, cuando sea posible, la institución. La cuestión ya no es únicamente qué recursos pueden proporcionarse, sino qué responsabilidades se derivan de saber cómo esos recursos, procedimientos y decisiones institucionales se relacionan con una situación concreta.

Esto no exige que los bibliotecarios se conviertan en activistas por definición profesional, ni significa adoptar cada posición política defendida por las personas que utilizan la biblioteca. Las comunidades suelen estar divididas internamente, sus intereses pueden estar en conflicto y los bibliotecarios mantienen responsabilidades hacia otros usuarios, colegas, leyes y obligaciones institucionales. La solidaridad no puede borrar esas complejidades.

Lo que sí cuestiona es la suposición de que la responsabilidad profesional termina en el momento de prestar el servicio.

Cuando los procedimientos bibliotecarios exponen a personas vulnerables, cuando las políticas de acceso aumentan el riesgo asociado a determinados registros, o cuando los requisitos de presentación de informes convierten relaciones sensibles en información que puede circular más allá de su contexto original, esas consecuencias pasan a formar parte de la responsabilidad profesional. No pueden descartarse como efectos externos por el mero hecho de que la decisión subyacente haya sido administrativa, técnica o procedimentalmente correcta. La distancia profesional no sustrae a la biblioteca de la cadena de consecuencias generada por sus propias prácticas.

La cuestión es qué hacen los bibliotecarios con lo que saben.

Distancia profesional e inocencia institucional

La distancia profesional cumple propósitos legítimos. Los bibliotecarios no pueden asumir la responsabilidad de resolver cada problema social, jurídico, económico o político con el que se encuentran en su trabajo. No sustituyen a abogados, trabajadores sociales, organizadores comunitarios, profesionales médicos o representantes electos. Unos límites claros pueden proteger a los usuarios de intervenciones inapropiadas y a los trabajadores de exigencias que exceden sus conocimientos o capacidades.

La distancia también ayuda a prevenir otro problema conocido: la sustitución profesional. Un bibliotecario demasiado convencido de su propia utilidad política puede comenzar a decidir qué necesita una comunidad, qué lucha merece apoyo, quién representa al grupo o qué resultado debería perseguirse. El resultado puede reproducir la misma jerarquía que la práctica centrada en la comunidad pretende cuestionar.

La dificultad aparece cuando la distancia profesional se convierte en inocencia institucional.

Las bibliotecas toman habitualmente decisiones que afectan a lo que las comunidades pueden conocer, preservar, ocultar, hacer circular o disputar. Deciden qué registros se conservan, qué lenguaje descriptivo se utiliza, qué espacios pueden ocuparse, qué información se recopila de los usuarios, qué alianzas se aceptan y qué formas de visibilidad se consideran deseables. Estas decisiones pueden presentarse como técnicas o administrativas, pero sus consecuencias no permanecen dentro de categorías profesionales.

Una biblioteca puede preservar testimonios sobre desplazamiento y, al mismo tiempo, publicarlos en línea de maneras que expongan nombres y ubicaciones. Puede acoger a una organización comunitaria mientras exige procedimientos de registro que desalientan la participación de personas indocumentadas. Puede recopilar pruebas de un conflicto local y transferir el control de esas pruebas a un repositorio institucional. Puede celebrar públicamente un proyecto comunitario mientras revela relaciones que los participantes esperaban que permanecieran discretas.

En tales casos, la institución no puede afirmar de manera plausible que su responsabilidad terminó al proporcionar acceso, preservación o espacio. Sus propios procedimientos han entrado en la situación.

La solidaridad comienza por rechazar la ficción de que el bibliotecario puede permanecer siempre al margen de esas consecuencias.

Lo que realmente significa compartir el riesgo

El lenguaje de la co-conspiración puede volverse teatral con facilidad. Puede sugerir que los bibliotecarios demuestran su solidaridad exponiéndose al peligro, quebrantando normas o asumiendo los riesgos que enfrentan las comunidades con las que trabajan.

Esa interpretación es poco realista y éticamente imprudente. Los riesgos no se distribuyen por igual. Un bibliotecario sénior con contrato permanente, un auxiliar de biblioteca temporal, un usuario indocumentado, un inquilino que se enfrenta a un desalojo y un activista que ya está sometido a vigilancia no ocupan posiciones comparables. Un mismo conflicto institucional puede producir una molestia para una persona y desempleo, deportación, pérdida de vivienda o peligro físico para otra. Fingir que todos los implicados comparten el mismo riesgo oculta las desigualdades que la solidaridad debería hacer visibles.

Asumir riesgos junto con una comunidad, por lo tanto, no puede significar reproducir su vulnerabilidad. Significa permitir que el riesgo de la comunidad influya en el juicio profesional, en lugar de tratarlo como algo externo al procedimiento bibliotecario.

Si los participantes en un proyecto local de documentación explican que hacer públicos sus nombres podría exponerlos a represalias, el personal puede necesitar reconsiderar las expectativas habituales de atribución y visibilidad. Si una organización teme que los registros de asistencia puedan utilizarse contra sus miembros, la biblioteca puede preguntarse si esos registros necesitan existir siquiera. Si un archivo políticamente sensible se volviera más vulnerable mediante una digitalización inmediata, la planificación de la preservación puede necesitar separar la preservación del acceso público. Si un grupo necesita continuidad en una investigación prolongada, la biblioteca puede preservar materiales de trabajo y rastros de investigación en lugar de tratar cada visita como una transacción de referencia aislada.

Estas acciones no igualan los riesgos. El bibliotecario no pasa repentinamente a experimentar lo que experimenta la comunidad. La solidaridad profesional tampoco debería depender de fingir lo contrario.

Lo que cambia es la distribución de la responsabilidad. La comunidad deja de cargar con todas las consecuencias mientras la biblioteca permanece protegida por la afirmación de que se limitó a prestar un servicio.

La posición institucional como recurso

Los bibliotecarios poseen formas de conocimiento y acceso institucional que pueden resultar valiosas precisamente porque no están distribuidas de manera equitativa.

Pueden comprender cómo se producen y conservan los registros, cómo pueden rastrearse las decisiones administrativas, cómo funcionan los sistemas públicos de información, cómo los metadatos afectan a la recuperación, cómo se protege o vulnera la privacidad y cómo pueden cuestionarse los procedimientos institucionales. Pueden tener acceso a bases de datos, salas de reuniones, equipos de preservación, asesoramiento jurídico, redes profesionales, canales de comunicación o autoridad administrativa de los que muchos miembros de la comunidad carecen.

La solidaridad puede implicar poner esas capacidades al servicio del trabajo colectivo sin convertirlas en autoridad sobre ese trabajo.

La posición institucional resulta útil cuando el conocimiento profesional se aplica a limitaciones concretas que enfrenta una comunidad. Comprender los registros municipales puede ayudar a los residentes a reconstruir cómo se tomó una decisión; conocer los acuerdos archivísticos puede revelar las consecuencias de transferir la propiedad antes de depositar los materiales; estar familiarizado con los sistemas de catalogación puede hacer visibles las distorsiones introducidas por la terminología estandarizada. El mismo principio se aplica a la privacidad y al procedimiento institucional. El personal que comprende las condiciones jurídicas que regulan las solicitudes de información sobre usuarios está en mejores condiciones para resistirse a divulgaciones informales, mientras que el control sobre el espacio bibliotecario puede, en ocasiones, ejercerse sin obligar a convertir las relaciones comunitarias en alianzas formales concebidas principalmente para su reconocimiento administrativo.

Estas intervenciones suelen consistir en trabajo profesional ordinario realizado desde una comprensión más amplia de sus consecuencias. Tratar a los bibliotecarios como co-conspiradores no implica abandonar los roles profesionales ni sustituir la bibliotecología por el activismo político. Significa utilizar el conocimiento profesional, el acceso institucional y la experiencia técnica de maneras que respondan a problemas definidos por la comunidad, dejando las decisiones sobre prioridades y cursos de acción en manos de las personas más directamente afectadas. La experiencia profesional sigue siendo necesaria, pero su función consiste en aclarar opciones, limitaciones y riesgos, en lugar de determinar la dirección de la acción colectiva.

Solidaridad y negativa

Algunas formas de solidaridad implican proporcionar algo: información, espacio, preservación, asistencia técnica, continuidad o acceso. Otras exigen negarse a algo.

La negativa aparece de manera recurrente en la práctica comunitaria porque las instituciones traducen constantemente situaciones complejas a formas administrativamente manejables. Solicitan datos, visibilidad, documentación, métricas, descripciones estandarizadas, acceso irrestricto, alianzas formales y resultados predecibles. Cada solicitud puede parecer razonable de manera aislada. En conjunto, pueden transferir gradualmente el control lejos de las personas cuyo conocimiento o cuyas actividades generaron el trabajo.

Por lo tanto, un bibliotecario puede necesitar negarse a una recopilación innecesaria de datos, una divulgación inapropiada, terminología descriptiva perjudicial, una publicación prematura, una alianza extractiva o una exigencia de convertir una actividad comunitaria sensible en evidencia del impacto institucional.

Pero tampoco debería idealizarse la negativa. Una negativa no es progresista simplemente porque contradiga un procedimiento institucional. Restringir el acceso puede proteger a personas vulnerables, pero también puede ocultar pruebas. Rechazar la documentación puede preservar la autonomía, pero también puede producir desaparición. Proteger la autoridad comunitaria puede convertirse en una forma de proteger de la crítica a figuras dominantes dentro de una comunidad. Rechazar la supervisión institucional puede defender una confidencialidad legítima o eliminar salvaguardas contra los abusos.

Por lo tanto, una negativa debe evaluarse a través de sus efectos: qué protege, a qué intereses sirve, qué riesgos redistribuye y quién sigue siendo responsable de las consecuencias. La resistencia a un procedimiento institucional carece de valor político inherente si simplemente desplaza el daño hacia otro lugar, protege a la autoridad local del escrutinio o sustituye una forma de control carente de rendición de cuentas por otra.

Esto exige distinguir entre distintos tipos de limitaciones. Una obligación legal no es lo mismo que un hábito institucional. Un estándar profesional no es lo mismo que una preferencia gerencial. Un procedimiento de gestión de riesgos puede proteger a personas vulnerables o a la institución frente a situaciones embarazosas. Tratar todas estas limitaciones como igualmente inevitables impide que los bibliotecarios identifiquen dónde existe realmente margen de discreción.

La solidaridad opera, en parte, dentro de ese espacio de discreción. Exige que los bibliotecarios sepan cuándo una norma es obligatoria, cuándo es negociable, cuándo es posible una excepción y cuándo el cumplimiento produciría un daño lo bastante grave como para justificar el cuestionamiento del propio procedimiento.

Co-conspiración sin hablar en nombre de la comunidad

El lenguaje de la co-conspiración solo resulta útil si el bibliotecario no se convierte en protagonista.

Las comunidades no necesitan que los bibliotecarios descubran su opresión por ellas, formulen la interpretación política correcta o las conduzcan hacia una respuesta adecuada. Ese modelo sustituiría al profesional neutral por uno heroico, dejando prácticamente intacta la distribución subyacente de autoridad.

El bibliotecario puede poseer conocimientos útiles sin poseer el derecho a decidir qué debe hacerse con ellos.

Una comunidad que investiga un proyecto municipal de desarrollo puede utilizar registros localizados por el personal de la biblioteca y aun así llegar a conclusiones que ese personal no comparte. Un archivo vecinal puede decidir restringir materiales que un archivero normalmente pondría a disposición. Los participantes en un proyecto de documentación pueden rechazar una exposición pública que la biblioteca considera valiosa. Una organización comunitaria puede optar por la negociación cuando el bibliotecario esperaba confrontación, o por la confrontación cuando el bibliotecario habría preferido negociar.

Si la solidaridad depende de que la comunidad adopte la respuesta preferida por el profesional, deja de ser solidaridad. Se convierte en tutela política.

El mismo principio se aplica a la representación. El acceso institucional suele ofrecer a los bibliotecarios mayores oportunidades para hablar públicamente. Pueden ser invitados a congresos, entrevistados por periodistas, encargados de preparar informes o tratados como intérpretes autorizados de un proyecto. Esas oportunidades generan una tentación persistente de hablar sobre las luchas comunitarias por el hecho de haber participado en su documentación o apoyo.

La participación no produce autorización de manera automática. Conocer bien a una comunidad no concede el derecho a representarla. Ayudar a preservar registros no genera propiedad sobre la historia que contienen. Proporcionar infraestructura técnica no convierte al bibliotecario en la voz pública de quienes la utilizan.

La co-conspiración exige una voluntad disciplinada de permanecer en segundo plano.

Proteger a los trabajadores forma parte de la política

Los llamados a que los bibliotecarios asuman riesgos pueden volverse irresponsables con gran rapidez cuando ignoran las condiciones laborales.

Los propios trabajadores de las bibliotecas ocupan posiciones desiguales. Algunos tienen contratos permanentes, protección sindical, antigüedad, autoridad gerencial o suficiente seguridad económica para soportar un conflicto con su empleador. Otros son temporales, están mal remunerados, profesionalmente aislados, dependen de visados o trabajan bajo supervisores que pueden sancionarlos con facilidad. Los trabajadores también pueden enfrentar formas racializadas, generizadas u otras formas de vulnerabilidad institucional que hacen que actos de resistencia aparentemente idénticos tengan consecuencias muy diferentes.

Una política de solidaridad que trata el sacrificio personal como prueba de compromiso puede reproducir la explotación dentro de la biblioteca.

Los responsables de gestión no deberían animar al personal que trabaja en primera línea a infringir una política para luego dejarlo solo cuando se produzcan medidas disciplinarias. Los profesionales sénior no deberían celebrar las negativas valientes de colegas cuya situación laboral es considerablemente menos segura que la propia. Las instituciones no pueden describirse como radicales porque trabajadores particulares absorban silenciosamente riesgos que la dirección se niega a asumir.

En algunas situaciones, la solidaridad implica que la persona con mayor protección institucional adopte la posición visible. Un director puede cuestionar formalmente una política para que un trabajador de menor rango no tenga que infringirla. Una asociación profesional puede proporcionar apoyo allí donde un empleado aislado no puede actuar solo de manera segura. Un equipo puede establecer procedimientos colectivos para que las decisiones sensibles no dependan del valor individual.

Esta es otra razón para resistirse a los relatos heroicos sobre la bibliotecología comunitaria. El objetivo no es producir bibliotecarios valientes: es crear condiciones en las que la responsabilidad, la protección y el riesgo se distribuyan deliberadamente, en lugar de recaer automáticamente sobre quienes tienen menos poder.

La solidaridad en el trabajo cotidiano

La prueba práctica de la solidaridad no consiste en que una biblioteca se describa a sí misma como políticamente comprometida. Consiste en comprobar si esa relación modifica el trabajo cotidiano.

En el desarrollo de colecciones, la solidaridad afecta a las condiciones bajo las cuales se adquieren los materiales y a la autoridad que conservan posteriormente quienes los aportaron. Una comunidad no debería perder el control sobre su conocimiento simplemente porque la biblioteca posea una mejor infraestructura de preservación.

En la descripción, exige mecanismos mediante los cuales puedan cuestionarse los nombres impuestos, las categorías perjudiciales y las interpretaciones engañosas. La responsabilidad profesional de mantener metadatos coherentes permanece, pero esa coherencia no puede alcanzarse tratando el lenguaje comunitario como ruido que debe normalizarse.

En el acceso, complica la suposición de que una mayor visibilidad siempre es mejor. Algunos registros necesitan una circulación amplia; otros requieren demora, restricción, contextualización o formas de acceso que permanezcan bajo control de la comunidad.

En el trabajo de referencia, la solidaridad puede implicar ayudar a las personas a comprender la estructura de un problema en lugar de limitarse a localizar una respuesta. Puede exigir mantener la continuidad a lo largo de varios encuentros y hacer transferibles los métodos de investigación, en lugar de crear dependencia de la experiencia profesional.

En la programación, implica resistir la presión de convertir cada problema comunitario en un evento. Algunos trabajos colectivos necesitan privacidad, repetición, uso informal del espacio o largos periodos durante los cuales no ocurre nada que pueda incorporarse fácilmente a un informe.

En la evaluación, exige reconocer resultados que las métricas institucionales suelen pasar por alto: menor exposición, acceso continuado a un espacio de confianza, protección de registros sensibles, mayor capacidad de investigación, supervivencia de una relación frágil o rechazo exitoso de una exigencia extractiva.

En la gestión, significa utilizar la autoridad institucional para absorber la presión en lugar de dirigirla hacia abajo, hacia el personal de primera línea, o hacia afuera, hacia los participantes de la comunidad.

Ninguna de estas prácticas es revolucionaria de manera aislada. Sin embargo, en conjunto modifican los términos bajo los cuales la biblioteca se relaciona con las personas que la rodean.

Rendición de cuentas en varias direcciones

La solidaridad no puede significar lealtad incondicional hacia el grupo que en un momento determinado se encuentre más próximo a la biblioteca.

Las bibliotecas siguen siendo responsables ante múltiples públicos. El personal tiene obligaciones hacia otros usuarios, colegas, requisitos legales, recursos públicos, ética profesional y personas que pueden estar ausentes de la relación inmediata. Las propias comunidades contienen intereses en conflicto. Una decisión que protege a un grupo puede exponer a otro. Una restricción solicitada por los actuales líderes comunitarios puede impedir que miembros más jóvenes accedan a registros que consideran parte de su propia historia. Una exigencia de confidencialidad puede entrar en conflicto con la preservación de pruebas de abuso.

No existe un principio general capaz de resolver todos esos conflictos. Precisamente por eso, la solidaridad debe entenderse como una forma de responsabilidad y no de lealtad.

Modifica las preguntas mediante las cuales se examinan las decisiones. ¿Quién se beneficia de esta acción? ¿Quién asume sus riesgos? ¿El conocimiento de quién se está convirtiendo en un activo institucional? ¿Quién tiene autoridad para otorgar consentimiento? ¿Quién está ausente de la decisión? ¿Puede revisarse posteriormente la elección? ¿Qué ocurre cuando distintos miembros de la comunidad discrepan? ¿Qué responsabilidad conserva la biblioteca una vez finalizado el proyecto inmediato?

Estas preguntas no eliminan el juicio profesional. Hacen que su ejercicio sea más responsable. Un bibliotecario puede decidir igualmente que una solicitud de la comunidad no puede atenderse. La diferencia importante es que la negativa debería surgir de una consideración explícita de responsabilidades contrapuestas, y no de la superioridad automática del procedimiento institucional.

La solidaridad no elimina el conflicto del trabajo profesional. Cambia la posición desde la cual el bibliotecario trabaja para abordarlo.

Ni por encima ni por fuera

Tanto el bibliotecario neutral como el bibliotecario revolucionario son figuras inadecuadas. El primero imagina que el trabajo profesional puede permanecer al margen de los conflictos en los que circula el conocimiento. El segundo corre el riesgo de situar al bibliotecario en el centro de luchas que pertenecen a otras personas.

La bibliotecología comunitaria exige una posición menos cómoda.

Los bibliotecarios son actores situados. Poseen experiencia, acceso institucional, recursos, limitaciones y formas de autoridad que pueden afectar a lo que las comunidades son capaces de preservar, descubrir, ocultar, cuestionar o hacer circular. No pueden eliminar ese poder declarándose neutrales, y tampoco deberían ampliarlo imaginándose como dirigentes políticos.

La solidaridad sitúa las capacidades profesionales dentro de relaciones de rendición de cuentas, pero no prescribe una única forma de acción. Proporcionar acceso puede ser apropiado en una situación y restringirlo en otra; hablar públicamente puede ser necesario en algunos casos, mientras que en otros la responsabilidad del bibliotecario consiste en evitar apropiarse de la voz de una comunidad. Los procedimientos institucionales pueden proporcionar protecciones esenciales o pueden necesitar ser cuestionados cuando sus efectos entran en conflicto con los propósitos que supuestamente deben cumplir. Estas decisiones requieren prestar atención al contexto, la autoridad, el riesgo y las consecuencias, y no siempre producirán un resultado libre de daño.

Actuar como co-conspirador no significa, por lo tanto, convertirse en un rebelde en nombre de una comunidad. Significa rechazar el arreglo más seguro según el cual las comunidades cargan con las consecuencias, las instituciones adquieren el conocimiento y los bibliotecarios preservan la apariencia de que su propia posición ha permanecido intacta.

El bibliotecario no necesita situarse por encima de la comunidad ni desaparecer tras la neutralidad profesional. Necesita comprender dónde se encuentra, qué hace posible esa posición y ante quién debe responder cuando la utiliza.