Liberando las bibliotecas de las agendas institucionales

Este post forma parte de una serie que recupera la bibliotecología comunitaria de sus distorsiones institucionales, devolviéndola a sus raíces en la lucha, la ayuda mutua y la supervivencia colectiva. Considera las bibliotecas no como servicios neutrales, sino como infraestructuras en disputa, atravesadas por relaciones de poder, resistencia y memoria, y explora la bibliotecología como un trabajo de solidaridad anclado en comunidades reales, conflictos reales y la tensión constante entre el control institucional y la autonomía colectiva. Todas las entradas de esta serie pueden consultarse en el índice de esta sección.

La institución como dueña del marco

La bibliotecología comunitaria suele partir de una promesa: las bibliotecas deben responder a las comunidades a las que sirven. La afirmación suena sencilla, incluso obvia. Pero oculta una cuestión más compleja.

¿Quién define los términos de esa respuesta?

En muchos entornos institucionales, se invita a las comunidades a participar, consultar, asesorar, asistir, evaluar y colaborar. Se reconoce su presencia. Se analizan sus necesidades. Sus historias pueden incluirse en la programación, el desarrollo de colecciones, los planes estratégicos y la comunicación pública. Sin embargo, el marco básico suele permanecer en manos de la institución gestora: gobierno, ministerio, municipio, universidad, empresa, ONG...

Esa institución es la que decide qué se considera una necesidad, qué formas de participación son válidas, qué tipos de conocimiento se pueden incorporar, cómo se medirá el éxito y qué demandas son compatibles con las políticas existentes. La participación comunitaria opera entonces dentro de una estructura cuyos límites ya se han establecido previamente.

Esta es una de las principales contradicciones de la bibliotecología comunitaria cuando se integra en instituciones formales. El lenguaje se orienta hacia la apertura, la cercanía y la inclusión, pero la autoridad sobre la dirección de la biblioteca suele permanecer centralizada burocráticamente.

Bajo semejantes condiciones, la comunidad puede estar presente sin tener poder de decisión. Puede ser consultada sin poder decidir. Puede estar representada sin controlar los términos de su representación.

Liberar a las bibliotecas de las agendas institucionales exige afrontar directamente esta contradicción.

Colonización gerencial

Las agendas institucionales rara vez se manifiestan como una forma directa de dominación. Suelen llegar a través del lenguaje administrativo.

Se presentan como prioridades estratégicas, requisitos de financiación, indicadores de desempeño, objetivos de servicio, políticas de gestión de riesgos, directrices de marca, obligaciones de presentación de informes, marcos de colaboración y procedimientos estandarizados. Cada uno de estos elementos puede parecer razonable de forma aislada; al fin y al cabo, las instituciones necesitan planificación, rendición de cuentas, recursos y coordinación. El problema surge cuando estos mecanismos se convierten en la principal forma de definir el trabajo comunitario.

En ese momento, la bibliotecología comunitaria se traduce a términos gerenciales. Un conflicto se convierte en una "necesidad". Una demanda se convierte en una "oportunidad". Una lucha se convierte en un "área programática". Un proceso colectivo se convierte en una "estrategia de participación de las partes interesadas". La comunidad ya no se aborda como un sujeto político y social, sino como una población que debe ser gestionada mediante instrumentos institucionales.

Eso es colonización gerencial.

No opera de forma hostil, necesariamente. De hecho, suele presentarse como apoyo. Ofrece recursos, legitimidad, experiencia profesional, infraestructura, visibilidad y continuidad. Pero esos beneficios llegan acompañados de numerosas estrategias de captación. Las prioridades de la comunidad deben ser compatibles con las categorías de la institución. Sus temporalidades deben ajustarse a los ciclos de planificación. Sus conflictos deben ser aceptables para los financiadores, las juntas directivas, las autoridades municipales, las organizaciones asociadas o los departamentos internos.

El resultado no siempre es "represión". A menudo, es "domesticación".

Las prácticas que surgieron de las necesidades colectivas se reformulan como servicios. Las demandas políticas se suavizan hasta convertirse en objetivos de participación. Las formas locales de organización se reemplazan por mecanismos de consulta. La institución no necesariamente silencia a la comunidad, pero termina traduciéndola a un lenguaje que puede ser gerenciado.

Y esa traducción no es neutral.

Participación sin poder

Una de las formas más comunes en la que las agendas institucionales persisten es mediante la participación sin poder.

La participación puede adoptar muchas formas: reuniones públicas, encuestas, grupos asesores, talleres, comentarios de los usuarios, sesiones de consulta, grupos focales y proyectos colaborativos. Todos esos mecanismos pueden resultar muy útiles. Pueden abrir canales de comunicación y revelar necesidades que de otro modo permanecerían invisibles. También pueden brindar a las comunidades oportunidades para intervenir en las decisiones que les afectan.

Pero la participación se debilita estructuralmente cuando carece de fuerza vinculante.

Si una comunidad puede hablar pero no decidir, la participación sigue siendo consultiva. Si puede proponer pero no controlar los recursos, la participación sigue siendo dependiente. Si puede asesorar pero no reorientar las prioridades institucionales, la participación sigue siendo simbólica. Si solo se la escucha cuando sus demandas se ajustan a los marcos existentes, la participación se convierte en un filtro en lugar de una transferencia de autoridad.

El problema no es la participación en sí misma. El problema es la sustitución de la participación por la gobernanza.

Una biblioteca comunitaria no puede definirse únicamente por la presencia de las voces de la comunidad. Debe examinarse a través de la distribución del poder de decisión. ¿Quién decide para qué sirve la biblioteca? ¿Quién define sus prioridades? ¿Quién controla su presupuesto? ¿Quién determina sus normas de acceso? ¿Quién decide qué se recopila, qué se describe, qué se protege, qué se hace visible y qué permanece confidencial?

Sin respuestas a estas preguntas, la participación puede convertirse en una mera formalidad administrativa. Esto permite a la institución demostrar capacidad de respuesta, al tiempo que conserva el control sobre las decisiones más importantes.

La burocracia como forma de control

A menudo se habla de la burocracia como algo carente de eficiencia: demasiados formularios, demasiados procedimientos, demasiadas demoras. Pero en la bibliotecología comunitaria, la burocracia también debe entenderse como una forma de control.

Los procedimientos determinan qué puede suceder, cuándo puede suceder y quién está autorizado para hacer que suceda. Definen los usos aceptables del espacio, las formas legítimas de documentación, las colaboraciones aprobadas, los participantes elegibles, las actividades permitidas y los resultados reconocidos. Organizan la relación de la biblioteca con la comunidad a través de condiciones administrativas.

Esto no significa que todos los procedimientos sean opresivos. Algunos protegen a los trabajadores, los usuarios, las colecciones y las comunidades. Pueden prevenir decisiones arbitrarias, clarificar responsabilidades y crear continuidad más allá de la buena voluntad individual.

Pero los procedimientos también pueden bloquear la acción comunitaria al condicionarla permanentemente.

Una sala solo puede estar disponible mediante solicitud. Una colección solo puede aceptarse mediante una política de donaciones. Una reunión solo puede celebrarse si su propósito se ajusta a las directrices institucionales. Una declaración pública solo puede hacerse tras su aprobación. Una colaboración solo puede existir si se alinea con las prioridades estratégicas. Un registro comunitario solo puede conservarse si cumple con los estándares documentales. Un conflicto solo puede abordarse si se convierte en un programa.

En estos casos, la burocracia no se limita a organizar el trabajo. Filtra la realidad. Establece las condiciones bajo las cuales las necesidades de la comunidad se reconocen administrativamente y excluye o retrasa aquellas que no pueden plasmarse en la forma adecuada.

El resultado es una biblioteca que puede parecer abierta, pero solo a las formas de vida comunitaria que pueden superar los procedimientos institucionales.

Gobernanza comunitaria

Para ir más allá de la participación sin poder, la bibliotecología comunitaria requiere formas de gobernanza en las que las comunidades no solo sean consultadas, sino que participen en la definición del rumbo de la biblioteca.

La gobernanza comunitaria no implica que todas las decisiones deban ser tomadas por todos, ni que el conocimiento profesional se vuelva irrelevante. No requiere abandonar la experiencia técnica, las responsabilidades legales ni la coordinación organizativa. Una biblioteca sigue necesitando personal que comprenda las colecciones, la descripción, la conservación, el acceso, la privacidad, la infraestructura y el servicio público.

La cuestión no es si el trabajo profesional desaparece, sino dónde reside la autoridad.

La gobernanza comunitaria implica que las prioridades de la biblioteca no están determinadas únicamente por la administración institucional. Significa que las comunidades tienen un poder estructurado sobre las decisiones que les afectan. Esto puede adoptar la forma de asambleas, consejos, comités liderados por residentes, juntas cooperativas, grupos de trabajo rotativos u otros mecanismos específicos. La forma importa menos que la transferencia de autoridad que posibilita.

Dicha gobernanza debe ser concreta. No puede limitarse a funciones consultivas simbólicas. Debe abarcar presupuestos, espacio, programación, prioridades de colección, políticas de acceso, prácticas descriptivas, alianzas y criterios de evaluación. De lo contrario, la gobernanza se queda en una mera formalidad: la apariencia de una autoridad compartida sin una redistribución real del poder.

La gobernanza comunitaria también requiere reconocer que las comunidades no son homogéneas. Contienen conflictos, desigualdades, facciones, historias, silencios y jerarquías internas. Otorgar poder a la comunidad no genera justicia automáticamente. Puede reproducir exclusiones locales si el proceso no se diseña cuidadosamente.

Por esta razón, la gobernanza comunitaria no es una solución romántica. Es un campo de práctica complejo. Pero explicita lo que los modelos institucionales suelen ocultar: que las bibliotecas son espacios gobernados, y que la pregunta siempre es quién las gobierna, mediante qué mecanismos y con qué rendición de cuentas.

Estrategias antiburocráticas

Liberar las bibliotecas de las agendas institucionales no siempre significa abandonar las instituciones. Muchas bibliotecas comunitarias operan dentro de sistemas municipales, universidades, ONG, centros culturales, escuelas o agencias públicas. Sus trabajadores pueden no tener la opción de rechazar la burocracia por completo. La pregunta, entonces, es cómo combatir la captura burocrática desde entornos limitantes.

Las estrategias antiburocráticas comienzan por identificar dónde el procedimiento se convierte en un obstáculo. Algunas reglas protegen; otras simplemente preservan la comodidad institucional. Cierta documentación es necesaria; otras convierten el trabajo comunitario en evidencia para el consumo gerencial. Algunas evaluaciones ayudan a mejorar la práctica; otras distorsionan el trabajo al obligarlo a demostrar valor en términos definidos externamente.

Un enfoque comunitario requiere distinguir entre estas funciones.

Esto puede implicar simplificar el acceso al espacio, reducir las cadenas de aprobación innecesarias, crear políticas flexibles de recolección y donación, permitir categorías definidas por la comunidad en la documentación local, proteger los usos informales de la biblioteca, y establecer procesos de toma de decisiones que no requieran la autorización de la gerencia para cada acción.

También puede implicar opacidad estratégica.

No todo lo que hacen las comunidades debe convertirse en datos institucionales. No todas las reuniones deben convertirse en informes. No todas las relaciones deben convertirse en alianzas. No todos los procesos deben hacerse visibles para los administradores, financiadores u oficinas de comunicación pública. En algunos casos, proteger la autonomía de la comunidad requiere limitar lo que la institución puede ver, medir o reclamar.

Esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Es el reconocimiento de que la visibilidad puede convertirse en captura y que las burocracias suelen expandirse transformando los procesos vividos en información administrable.

El trabajo antiburocrático, entonces, no es mera resistencia al papeleo. Es la defensa de los procesos comunitarios contra la extralimitación institucional.

Evaluación y captura de significados

La evaluación es una de las herramientas más poderosas mediante las cuales las agendas institucionales intentan moldear la bibliotecología comunitaria.

Cada vez se apreta más a las bibliotecas para que demuestren su impacto. Deben contabilizar visitas, actividades, usuarios, préstamos, interacciones digitales, colaboraciones, niveles de satisfacción, resultados de aprendizaje y beneficios sociales. Estas formas de medición pueden proporcionar información útil. Pueden ayudar a asegurar recursos y visibilizar ciertos tipos de trabajo.

Pero la evaluación también define qué se considera éxito.

Cuando el éxito se mide principalmente a través de cifras, crecimiento, visibilidad, eficiencia o reconocimiento institucional, el trabajo comunitario se orienta hacia actividades que se pueden cuantificar y mostrar fácilmente. Los procesos lentos se vuelven difíciles de justificar. El trabajo conflictivo se vuelve inconveniente. El silencio protector se vuelve ilegible. El apoyo informal desaparece del registro. Una reunión que previene un daño puede tener menos valor que un taller con buena asistencia.

El problema no es la medición en sí misma. El problema es la captura de significado a través de la medición.

Las bibliotecas comunitarias necesitan formas de evaluación que rindan cuentas a las personas afectadas por su labor, no solo a los gestores institucionales o a los financiadores. Esto exige preguntarse qué consideran valioso las propias comunidades: continuidad, confianza, acceso sin humillación, protección frente a la exposición, la capacidad de reunirse, la preservación de la memoria local, la circulación de información útil y el fortalecimiento de la capacidad colectiva.

Algunos de estos aspectos pueden documentarse. Otros son difíciles de medir. Esta resistencia no debe interpretarse como un fracaso: una biblioteca puede estar realizando una labor comunitaria importante precisamente donde las métricas institucionales son más débiles. Reconocer esto implica rechazar la idea de que el valor solo existe cuando puede convertirse en evidencia administrativa.

Contra la biblioteca como benevolencia gestionada

Las agendas institucionales suelen presentar a la biblioteca como un actor benévolo. Se extiende, incluye, empodera, apoya, acoge y sirve. El lenguaje es generoso, pero perpetúa un modelo conocido: la institución actúa y la comunidad recibe.

La bibliotecología comunitaria exige romper con ese modelo.

Una biblioteca no puede ser verdaderamente comunitaria si es el objeto central de la atención institucional. Debe integrarse en una estructura compartida de toma de decisiones, uso, resolución de conflictos, mantenimiento y responsabilidad. Esto no implica abandonar el trabajo profesional ni los recursos institucionales, sino negarse a que dichos recursos definan el papel de la comunidad como pasivo, agradecido o meramente consultivo.

Liberar las bibliotecas de las agendas institucionales no es, por lo tanto, cuestión de sustituir un eslogan por otro. Se trata de una lucha operativa por la gobernanza, los procedimientos, la visibilidad, la evaluación y la autoridad.

LIberarlas plantea la cuestión de si la biblioteca puede dejar de ser un servicio gestionado para convertirse en una infraestructura negociada colectivamente. Plantea la cuestión de si las comunidades pueden hacer algo más que entrar en la biblioteca, hablar en ella o aparecer en sus informes. Plantea la cuestión de si tales comunidades pueden influir en qué es la biblioteca, cómo funciona y a quién rinde cuentas.

Ahí reside la complejidad del significado de la bibliotecología comunitaria.

No en la declaración de que la biblioteca pertenece a la gente, sino en las estructuras que harían realidad dicha afirmación.